¿Puedo recuperar el importe pagado del impuesto de plusvalía municipal?

El Tribunal Constitucional ha anulado el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se establece el método de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido comúnmente como plusvalía municipal. Dicho impuesto se abona al Ayuntamiento después de la transmisión de un bien inmueble o un derecho real limitativo de la propiedad ya sea como consecuencia de la aceptación de una herencia o legado, así como una donación, adjudicación, dación en pago o compraventa de un bien inmueble.

El Tribunal Constitucional considera que el método de cálculo objetivo empleado para calcular el incremento del valor de los terrenos urbanos no puede determinar con exactitud el incremento real del valor dado que se basa en un cálculo ficticio de la plusvalía, no respetando así el principio de capacidad económica de los contribuyentes al sostenimiento de los gastos públicos. La nulidad de pleno derecho del artículo por el que se determinaba la base imponible del impuesto de plusvalía municipal hace desaparecer el artículo del ordenamiento jurídico y pone en tela de juicio la posibilidad de recuperar el dinero abonado por tal concepto en los últimos cuatro años, junto con los intereses legales.

Si bien el Tribunal Constitucional limita en su fallo, al amparo supuestamente del artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, la revisión de las liquidaciones provisionales y definitivas, así como las autoliquidaciones presentadas y las sentencias firmes recaídas en procedimientos contencioso-administrativos, lo cierto es que, salvo en este último caso, el Tribunal Constitucional no tiene la potestad, ni tan siquiera la competencia, de establecer tal limitación. El Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones y ha interpretado un precepto más allá de su sentido normativo ejerciendo labores legislativas e interpretativas que no le competen, contradiciendo en todo caso al Tribunal Supremo que ha sentado jurisprudencia en relación con la impugnación de las autoliquidaciones del impuesto sobre los inmuebles vacíos de Cataluña, permitiendo a los contribuyentes rectificar autoliquidaciones en base a la inconstitucionalidad de un impuesto.

Es por ello por lo que creemos que todas las autoliquidaciones de los últimos cuatro años pueden ser susceptibles de impugnarse administrativa y judicialmente para recobrar los importes abonados a las arcas públicas del Ayuntamiento como consecuencia de la aplicación de una norma declarada inconstitucional. Y ello porque el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria permite la revisión de las autoliquidaciones presentadas que se entiendan perjudiciales para el contribuyente.

El Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones intentando proteger el presupuesto de los Ayuntamientos, en detrimento de los intereses de las personas físicas y jurídicas que se vieron forzadas a contribuir en base a una norma declarada inconstitucional. Creemos que esta resolución tiene la intención de frenar las reclamaciones masivas que los contribuyentes puedan plantear y en ningún caso fijar criterios interpretativos jurisdiccionales, por lo que los contribuyentes tienen legalmente el derecho de exigir el reembolso de los importes abonados en concepto de la plusvalía municipal.

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