La Ley Azcárate no es contraria a la normativa europea según el TJUE

1.- Cuestión prejudicial planteada la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, mediante Auto de 14 de septiembre de 2020, decidió suspender el procedimiento que estaba enjuiciando y presentar ante el TJUE, bajo el amparo del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enjuiciara la adecuación en derecho o no de la Ley de 23 de julio de 1908, conocida como La Ley Azcárate, bajo el artículo 56 del TFUE por el que se configura a la libre prestación de servicios.

En concreto, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria preguntaba al órgano europeo si la ley de usura español es compatible con el derecho de la Unión Europea en cuanto a la libre prestación de servicios y, por otro lado, si la citada norma española se encuentra dentro de los parámetros jurídicos de las Directivas de Crédito al Consumo.

La existencia de esta cuestión prejudicial motivaba a las entidades financieras sometidas a litigios judiciales por infringir la normativa de usura a pedir la suspensión de los procedimientos en curso ante los tribunales hasta que se pronunciara el TJUE. Sin embargo, la pronunciación del TJUE en Auto de 25 de marzo de 2021 desvanece toda prejudicialidad civil alegada en base al artículo 43 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2.- La Ley Azcárate no es contraria a las Directivas de Crédito al Consumo

2.1.- Cuestión planteada

Una de las cuestiones planteadas por el Tribunal nacional consiste en interpretar si la ley de la usura española es contraria o no a la Directiva de Crédito al Consumo de 2008 y de 1987. En síntesis, se cuestiona si la limitación de precios introducida de forma abstracta por la Ley de 23 de julio de 1908 se encuentra amparada por la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, y la Directiva 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativas a la armonización de la normativa relativa al crédito al consumo.

2.2.- Decisión del TJUE: ¿Es la Ley Azcárate contraria a las Directivas europeas de Crédito al Consumo?

Entiende bien el TJUE cuando establece que ninguna de las Directivas europeas prohíbe la limitación de los precios o remuneración de los créditos. Además, las propias Directivas facultan a los Estados Miembros a proporcionar una protección más elevada que la obtenida por la normativa europea. El TJUE se pronuncia mediante Auto sin necesidad de acudir al procedimiento ordinario dado que la cuestión, según su parecer, no plantea duda razonable. Así se pronuncia el Auto del TJUE de 25 de marzo de 2021:

“29. Así pues, en virtud de la jurisprudencia citada en los apartados 26 y 27 del presente auto, procede hacer constar que ni la Directiva 87/102 ni la Directiva 2008/48 contienen normas armonizadas sobre la limitación máxima de la TAE, de modo que los Estados miembros siguen siendo competentes para establecer disposiciones a este respecto.

30. No obstante, al hacer tal cosa, los Estados miembros deben asegurarse de que no quebrantan los ámbitos armonizados por estas Directivas, como las obligaciones en materia de información (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 y C-252/19, EU:C:2020:631, apartado 56).

31. A este respecto, basta con precisar que el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que el hecho de que se indique la TAE en el contrato de crédito reviste una importancia esencial en el contexto de la Directiva 87/102, en particular por cuanto permite que el consumidor valore el alcance de su obligación (auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, EU:C:2010:685, apartados 70 y 71). De esta forma, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar que se han cumplido estas exigencias.

32. De las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la segunda cuestión prejudicial que la Directiva 87/102 y la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, tal y como la interpreta la jurisprudencia nacional, que establece una limitación de la TAE que puede imponerse al consumidor en un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura, siempre que esta normativa no contravenga las normas armonizadas por estas Directivas en lo que en particular se refiere a las obligaciones de información.”

En efecto, como se ha mencionado la normativa europea de crédito al consumo no prohíbe a los Estados Miembros a imponer una normativa más beneficiosa para los consumidores siempre que no sea contraria a los fundamentos de la Unión Europea. La Ley Azcárate protege de forma abstracta a los consumidores respetando la libre formación de los precios en el mercado.

3.- La Ley Azcárate no vulnera la libre prestación de servicios en la Unión Europea

3.1.- Cuestión planteada

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias se pregunta si la Ley Azcárate es conforme al Derecho de la Unión Europea. En concreto, se cuestiona si la norma española se adecúa al artículo 56 del TFUE.

3.2.- Decisión del TJUE: ¿Es la Ley Azcárate contraria a la libre prestación de servicios?

3.2.1.- Respuesta del TJUE

Lejos de facilitar una respuesta interpretativa, el TJUE dictamina que el Tribunal Nacional no ha argumentado con suficiente profundidad los motivos por los cuales entiende que la Ley de 23 de julio de 1908 puede ser contraria al artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativo a la libre prestación de servicios. Dice así el TJUE:

“En el caso de autos, procede declarar que la primera cuestión prejudicial no cumple las exigencias recordadas en los apartados 36 y 37 del presente auto. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente no explica con la suficiente claridad las razones por las que le resulta necesaria la interpretación del artículo 56 TFUE para resolver el asunto de que conoce.”

El artículo 56 del TFUE establece la prohibición de los Estados Miembros de introducir trabas o restricciones a la libre prestación de servicios dentro del marco de la Unión Europea. Es decir, el citado artículo impide a los Estados Miembros dificultar o impedir a los nacionales de otros Estados Miembros la libre prestación de servicios en comparación con los nacionales de los Estados Miembros que introducen las restricciones.

Se trata de imposibilitar que dentro de la Unión Europea exista normativa proteccionista respecto a los nacionales de cada Estado Miembro dificultando la entrada de capital y la inversión de nacionales de otros Estados Miembros que vaya en perjuicio del mercado interior común y la libre competencia en beneficio de los consumidores. Como viene reiterando la jurisprudencia del TJCE vista en la Sentencia del TJCE de 23 de noviembre de 1999 (C-369/96 y C-376/96):

“Según jurisprudencia reiterada, el artículo 59 del Tratado no sólo exige eliminar toda discriminación en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por razón de su nacionalidad, sino suprimir también cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos.”

Por tanto, cualquier normativa nacional discriminatoria ante un nacional de otro Estado Miembro será contrario al Derecho de la Unión Europea por restringir la libre prestación de servicios. No obstante, el TJUE no ha entrado en el fondo del asunto debido a la falta de argumentación del Tribunal de instancia.

3.2.2.- Valoración personal

En mi opinión profesional, la Ley de 23 de julio de 1908 no vulnera el artículo 56 del TFUE. En primer lugar, la Ley no impide a un nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea a prestar sus servicios financieros dentro del territorio español. Segundo, la Ley Azcárate es aplicable en condiciones de igualdad jurídica tanto a un operador nacional español, como a un operador extranjero. Por tanto, la norma se aplica a todo operador jurídico independientemente de su nacionalidad.

Tercero, no constituye una limitación o restricción de actividad y libre prestación de servicios respecto a los demás Estados Miembros dado que la legislación no establece una limitación de precios concreta o específica sobre los créditos al consumo dentro de España, sino abstracta en función de las circunstancias del caso en particular y las condiciones de mercado al que también se incluye el mercado de la Unión Europea. Y, por último, se trata de una ley encaminada a la protección de los consumidores como parte más débil y, por tanto, en beneficio del interés general. Según el párrafo 34 y 35 de la Sentencia del TJCE de 23 de noviembre de 1999 (C-369/96 y C-376/96):

“34. Aun a falta de armonización en la materia, la libre prestación de servicios, como principio fundamental del Tratado, sólo puede limitarse mediante normas justificadas por razones imperiosas de interés general y que se apliquen a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el Estado de destino, en la medida en que dicho interés no quede salvaguardado por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que está establecido.

35. La aplicación de las normas nacionales de un Estado miembro a los prestadores establecidos en otros Estados miembros debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no deben ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo”

En definitiva, si bien es cierto que el TJUE no da una respuesta de fondo sobre la posible infracción del artículo 56 del TFUE por defectos de forma en la presentación de la cuestión prejudicial, aunque la hubiera respondido, la respuesta habría sido favorable a la vigencia de la norma por cuanto no se opone ni restringe la libre prestación de servicios del artículo 56 del TFUE.

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