¿Por qué el confinamiento es inconstitucional?

1.- Restricción al derecho de libertad de circulación

Poco se ha hablado del carácter ilegítimo e ilegales de algunos artículos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Especialmente la restricción de nuestro derecho a la libertad de circulación del artículo 19 de la Constitución Española. Si continuan leyendo este artículo observaran que, a pesar de la brevedad del mismo, se acredita que el confinamiento es inconstitucional.

2.- ¿Por qué jurídicamente el confinamiento es inconstitucional?

2.1.- Suspensión absoluta del derecho a la libertad de circulación

El artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció la restricción de nuestro derecho fundamental a la libertad de circulación por todo el territorio nacional. Así está redactado el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma:

“Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada: (…)”

Como bien se puede interpretar del precepto es que el derecho a la libertad de circulación del artículo 19 de la Constitución Española queda suspendido y únicamente podrá ejercerse tal derecho cuando se realicen las actividades descritas en las letras que siguen al precepto.

El término empleado “únicamente” da a entender sin lugar a dudas que la limitación es total, salvo los supuestos expresamente permitidos por la legislación. De la misma manera está redactado el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma. Y, por tanto, a los mismos argumentos cabe concluirse.

2.2.- Imposibilidad de confinar a la población por un Estado de Alarma

2.2.1.- Imposibilidad por la Constitución Española

El artículo 55.1 de la Constitución Española establece claramente a sensu contrario que la suspensión del derecho a la libertad de circulación del artículo 19 no podrá ejecutarse a través de un estado de alarma. Establece el precepto:

“Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.”

Es decir, sólo podrá suspenderse el derecho a la libertad de circulación cuando sea declarado un estado de excepción o de sitio. Por tanto, a sensu contrario, el estado de alarma no puede suspender el derecho garantizado por el artículo 19.

2.2.2.- Imposibilidad por Ley Orgánica de los estados excepcionales

De la misma manera se recoge en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, cuando establece las potestades del Gobierno al dictar el Real Decreto de declaración del estado de alarma. El artículo 11 de la citada ley orgánica establece lo siguiente:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

El artículo 11 de la citada Ley Orgánica claramente establece que se podrá limitar la circulación o permanencia de personas en lugares o sitios determinados y en horas concretas. Este precepto sólo permite limitar la libertad de circulación del artículo 19 de la Constitución Española en concretos lugares expresamente determinados, sin perjuicio de la libertad de circular por los lugares no afectados por la restricción. Para poner un ejemplo, se podría prohibir la libre circulación en los campos de fútbol o en las piscinas municipales.

3.- Conclusiones

En definitiva, el artículo 7 del Real Decreto del Estado de Alarma y el actual artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, carecen de todas las garantías constitucionales y legales, lo cual confirma que el confinamiento es inconstitucional. Una limitación de derechos fundamentales ilegítima que debería llevar aparejada indemnización por los poderes del Estado.

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