¿Por qué las sanciones del Estado de Alarma son nulas de pleno derecho?

1.- Sanciones durante el Estado de Alarma

Durante la vigencia del Estado de Alarma entre el 14 de marzo de 2020 y el 21 de junio de 2020 se impusieron múltiples obligaciones de hacer a los ciudadanos. Principalmente estas obligaciones consistían en evitar el contacto social entre los ciudadanos con la finalidad de evitar la aceleración de la transmisión del virus en España.

Para intentar garantizar e influir en el cumplimiento de estas obligaciones, el Gobierno intentó establecer sanciones a los ciudadanos para coercer su conducta. Se intentó ya que el Gobierno se equivocó y no promulgó ningún régimen sancionador que legitimara jurídicamente las sanciones. Ello sin tener en cuenta que el artículo 7 del Real Decreto del Estado de Alarma es inconstitucional.

2.- Inexistencia de un régimen sancionador explícito en el estado de alarma

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, no dispone de ningún régimen sancionador. Simplemente su artículo 20 establece generalizadamente que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades será sancionado con arreglo a las leyes. Concretamente, el precepto se refiere a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

La remisión a la citada norma lleva a fijarse en su artículo 10. El precepto es una repetición prácticamente idéntica al artículo 20 del Real Decreto del Estado de Alarma. Ello únicamente puede conllevarnos a dos tipos de normativa, la normativa básica de sanidad o la normativa de seguridad ciudadana. Ello, como se verá, infringe los principios de legalidad y tipicidad propios de los regímenes sancionadores dado que no se establecen conductas típicas ni sus sanciones por la infracción. Por tanto, no existía un régimen jurídico sancionador concreto explícito durante la vigencia del Estado de Alarma.

3.- Sanción basada en la normativa de seguridad ciudadana

3.1.- Fundamentación jurídica inicial

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, fue la usada, en un primer momento, por la administración para sancionar al ciudadano. Esta ley orgánica no establece un régimen sancionador explícito sobre la normativa sanitaria. Simplemente se limita a sancionar el incumplimiento de las órdenes explícitas que las autoridades policiales dirijan sobre los ciudadanos.

3.2.- Inexistencia de conducta infractora

Por tanto, en base a esta norma, la administración sólo puede sancionar aquellas conductas que surjan del resultado de una resistencia a la autoridad. Así lo establece explícitamente el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En definitiva, salvo que se haya incumplido la orden de un agente de la autoridad, no se puede sancionar al ciudadano en base a esta normativa.

4.- Sanción basada en la normativa general de sanidad

4.1.- Cambio de fundamentación jurídica

La administración ha ido modulando las fundamentaciones jurídicas dados los errores cometidos. Recientemente se han visto procedimientos sancionadores que basan su sanción en la normativa sanitaria. Los fundamentos de derecho se respaldan tanto en la básica estatal o como en la autonómica en función del órgano que inicia el procedimiento sancionador. Es decir, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública o la correspondiente normativa de cada Comunidad Autónoma.

4.2.- Incumplimiento del principio de tipicidad

Si bien en estos supuestos la sanción viene establecida por la ley y, por tanto, se cumple con dos de los requisitos del principio de legalidad (lex scripta y lex previa), se incumple el último principio básico de la tipicidad (lex certa). Únicamente se establece que la conducta contraria a la normativa sanitaria será sancionada. Sin embargo, no se establece qué normativa sanitaria hace referencia y si se refiere al Real Decreto del Estado de Alarma. Además, tampoco se puede afirmar que éste forme parte de la normativa sanitaria ni que establezca cuáles son los supuestos de hecho infractores.

La indeterminación legal de los supuestos de hechos infractores y la remisión generalizada a la normativa de rango inferior no son suficientes para superar el principio de tipicidad. El ciudadano desconoce cuáles son los supuestos de hecho infractores ya que ni tan siquiera se concreta el rango legal de la normativa que debe infringirse. Por tanto, en base en esta normativa, tampoco se puede sancionar al ciudadano. Se analiza más profundamente en este artículo de por qué no se puede sancionar por la normativa sanitaria

5.- Nulidad de las sanciones del Estado de Alarma

Esta remisión constante de la normativa provoca inseguridad jurídica para el ciudadano a quien le resulta difícil conocer no sólo las consecuencias negativas de su incumplimiento, sino también cuales son las conductas infractoras. Esto supone una infracción del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Al mismo tiempo, supone una infracción clara de los principios de legalidad y tipicidad del régimen sancionador.

Principios legalmente establecidos en los artículos 25 y 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, fruto directo del artículo 25.1 de la Constitución Española. Ello es debido a que el ciudadano no conoce con antelación cuáles son las conductas prohibidas por las leyes y desconoce las consecuencias de su incumplimiento. Dada su contrariedad a derecho, las sanciones deben ser declaradas nulas de pleno derecho conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

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