¿Qué ocurre con las sanciones del estado de alarma tras la Sentencia del Tribunal Constitucional?

¿Qué ocurre con las sanciones del Estado de Alarma tras la Sentencia del Tribunal Constitucional?

1.- Consecuencias de la nulidad de un precepto sancionador

La declaración de nulidad de una norma con rango de ley declarada inconstitucional tiene el efecto de desaparecer del ordenamiento jurídico como si no hubiera existido. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo vigente la norma y con carácter previo a la declaración de su inconstitucionalidad, la norma estuvo aplicándose y produciendo efectos jurídicos por su apariencia de legalidad constitucionalidad. En este sentido, cuando una norma es declarada inconstitucional, las sentencias firmes dictadas en aplicación de la norma con rango de ley declarada contraria a la Constitución mantienen su autoridad de cosa juzgada. Así lo establece el artículo 161.1.a) de la Constitución Española: “La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.”. Este precepto configura una aplicación directa del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española.

Si bien la aplicación del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española encuentra un encaje coherente en el régimen establecido por la Constitución Española en su artículo 161.1.a), no es menos cierto que dicho precepto choca frontalmente con el principio de legalidad de las normas sancionadoras establecido en el artículo 25.1 de la Constitución Española. Es notorio que, para poder imponer una sanción, en cumplimiento del principio de legalidad formal y material, es necesario que una norma con rango de ley tipifique las conductas contrarias al ordenamiento jurídico que llevan aparejada una sanción. Pues bien, dado que la declaración de nulidad produce efectos desde la promulgación de la norma salvo que el Tribunal Constitucional declare expresamente lo contrario (artículo 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), la nulidad de la norma produce el quebrantamiento del requisito constitucional de legalidad sancionadora y, por tanto, las sanciones impuestas al amparo de la norma declarada inconstitucional deben anularse.

De hecho, la aplicación del anterior principio se plasma en el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional que establece lo siguiente: “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”. Dicho precepto ratifica el principio de legalidad constitucional del artículo 25.1 de la Constitución Española como bien establece la STC 150/1997, de 29 de septiembre, así como la STC 39/2011, de 31 de marzo, que establece lo siguiente:

“La retroactividad establecida en el arto 40.1, in fine, de la LOTC supone una excepción in bonum a lo prevenido, en términos aparentemente absolutos, por el arto 161.1.a) C.E. (..la Sentencia o Sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada»). Sin embargo, semejante excepción tiene su fundamento inequívoco, como no podía ser de otro modo, en la misma Constitución y, precisamente, en el arto 25.1 que impide, entre otras determinaciones, que nadie pueda sufrir condena penal o sanción administrativa en aplicación de normas legales cuya inconstitucionalidad se haya proclamado por este Tribunal Constitucional. Como ya hemos avanzado en el fundamento jurídico 3° de esta Sentencia, es del todo evidente que el principio de alcance general así implícito en el citado arto 25.1 C.E. no agota su concreción en lo dispuesto en el arto 40.1 LOTC, tan sólo aplicable, como hemos reiterado a los procesos de declaración de inconstitucionalidad.”

De hecho, la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad del confinamiento dispone lo siguiente: “sí es posible la revisión expresamente prevista en el art. 40.1 in fine LOTC, esto es, en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulteuna reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad“. Por tanto, la misma resolución declara su posibilidad.

2.- Revisión en vía administrativa

Es posible iniciar procedimientos de revisión de las sanciones para anular el acto administrativo con posterioridad a su firmeza y recuperar, en su caso, el precio pagado por pronto pago y con descuento o tras haber superado el periodo de alegaciones. La anulación de las sanciones en el ámbito administrativo deberá ejercerse a través del recurso extraordinario de revisión de los artículos 113, 125 y 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y a través del procedimiento de revisión de oficio del artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La interposición del recurso extraordinario de revisión debe iniciarse dentro de los 3 meses siguientes al conocimiento de la existencia del documento nuevo, que en este caso, empezará a iniciarse el cómputo del plazo a partir de la fecha de publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial del Estado (artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre). El procedimiento de revisión de oficio no tiene plazo de interposición, por lo que no hay caducidad del derecho a instar la revisión de oficio (artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). No obstante, existe un límite a la temporalidad del procedimiento de revisión de oficio que, lejos de ofrecer una parámetro concreto, se limita a declarar que las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando, en relación al tiempo, resulte contraria a la equidad o a la buena fe (artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

3.- Revisión en vía judicial

Las personas que tengan una sentencia judicial firme deberán iniciar un procedimiento de revisión de sentencia firme al amparo del artículo 102.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, y, a la vez, un procedimiento de nulidad de actuaciones al amparo del artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución Española.

El plazo para interponer el procedimiento de nulidad de actuaciones es de 20 días hábiles desde la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional. En cambio, el plazo para la iniciación de una revisión de sentencia firme será de 5 años conforme establece el artículo 512.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dada la supletoriedad de esta norma a la normativa del procedimiento contencioso-administrativo. Así lo entiende el Tribunal Constitucional en su Sentencia 30/2017, de 27 de febrero (FJ 3º):

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, el recurrente interesó no sólo la nulidad, sino también la revisión de la Sentencia firme dictada en su día en el procedimiento contencioso-administrativo, con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad del precepto sancionador aplicado, e invocando expresamente el art. 40.1 LOTC. La ausencia de un plazo para efectuar tal solicitud en este último nos conduce inexorablemente a concluir que su petición no fue tardía; conclusión que deberíamos alcanzar incluso si sometiéramos esa solicitud de revisión a las previsiones del art. 102 LJCA, dado que, siendo la Sentencia firme cuya revisión se solicitaba de 18 de julio de 2011, en el momento de presentación de la solicitud (18 de marzo de 2014) no había transcurrido aún el plazo de cinco años desde la publicación de aquella.

Éstas son las opciones que tienen las personas sancionadas en función de la situación procedimental en la que se encuentren. Ninguna persona se quedará sin ejercer debidamente sus derechos dado que les ampara la normativa vigente y la resolución del Tribunal Constitucional, salvo en todo caso que transcurran los plazos mencionados con anterioridad. Toda persona debería ejercer sus derechos y recurrir ya sea en vía administrativa o en vía judicial.

RECLAMACIÓN DENTIX

¡Reclame su dinero!

Haga como otros afectados y reclame el dinero abonado de más por el tratamiento que no ha recibido por la entidad DENTIX.

Saber más.

¿Soy afectado del cártel de fabricantes de coches

¡Reclame su dinero!

Súmase a otros afectados por el cártel de los fabricantes de automóvil y reclame la indemnización que le corresponde.

Saber más.