¿Por qué las “vacunas” para la COVID-19 necesitan prescripción médica?

Actualmente se está administrando un medicamento de uso humano de terapia avanzada con carácter general a toda la población sin que sea objeto de prescripción médica para su administración. El incumplimiento de este requisito es un atentado contra la salud de la persona que, confiando en las autoridades y los profesionales sanitarios, se somete a la administración del medicamento de uso humano de terapia avanzada sin que se le haya recetado individualmente. La administración del medicamento se está ejecutando sin que previamente un facultativo médico haya valorado la necesidad, conveniencia y seguridad de someter a la persona concreta que va a recibir el tratamiento en base a sus condiciones y antecedentes fisiológicos, estén éstos especificados o no en su historial médico, los tratamientos que en el momento de la ejecución se esté sometiendo y su compatibilidad con la “vacuna” y las circunstancias que en el momento de la administración concurren en la aplicación generalizada de la “vacuna”.

1.- Necesidad de prescripción médica

Independientemente de que los medicamentos de uso humano de terapia avanzada para el tratamiento de la enfermedad COVID-19 denominadas errónea y comúnmente como “vacunas” y, por tanto, independientemente de que su calificación jurídica sea desacertada, actualmente y hasta que se demuestre lo contrario los medicamentos de uso humano de terapia avanzada para prevenir la COVID-19 tienen la calificación de vacunas y en efecto se debe aplicar su régimen jurídico. En este sentido, tanto la legislación comprendida en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, y el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, así como el Reglamento (UE) 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 y la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001 establece que la administración de las vacunas debe estar precedida de la receta médica.

Pues bien, el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, establece que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará las condiciones de prescripción clasificando al medicamento en aquéllos que están sujetos a prescripción médica y aquéllos que no. Continua la letra d) del apartado 2 del mismo artículo 19 que el estarán en todo caso sujetos a prescripción médica los medicamentos que se administren por vía parental. De la misma manera viene regulado en el artículo 71.1 cuarto párrafo de la Directiva 2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001, en relación con el artículo 14.10 del Reglamento (UE) 726/2004, de 31 de marzo.

Por si ello fuera poco, la letra c) del citado artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en relación con el artículo 71.1 tercer párrafo de la Directiva 2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001, dispone que será obligatoria la receta médica en aquellos medicamentos de uso humano que contengan sustancias o preparados cuya actividad y reacciones adversas sea necesario estudiar más detalladamente. No olvidemos que las “vacunas” se encuentran autorizadas condicionalmente por un periodo de un año y que los ensayos y estudios clínicos no se encuentran finalizados, por lo que se desconocen con exactitud cuáles pueden ser sus efectos a medio y largo plazo, ya sean éstos beneficiosos o gravosos para su salud. Las mismas empresas farmacéuticas y autoridades sanitarias admiten que se desconocen los efectos a medio y largo plazo, puede verlo aquí.

De hecho, en la página web Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios según dispuso el informe del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento especifica claramente en la ficha técnica del medicamento de uso humano de terapia avanzada correspondiente a la “vacuna” Comirnaty de Pfizer & BioNTech que éste está sujeto a prescripción médica. Sin embargo, ningún facultativo médico está emitiendo conforme a los parámetros legales la correspondiente receta médica u orden de dispensación hospitalaria.

2.- La receta médica

La receta médica es el mecanismo por el cual se prescribe por el facultativo médico un medicamento sujeto a prescripción médica y cuya entrega debe hacerse por parte del facultativo farmacéutico del centro sanitario. Dice así el artículo 1.a) del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre: “la receta médica es el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus competencias respectivas, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios sujetos a prescripción médica, para su dispensación por un farmacéutico o bajo su supervisión, en las oficinas de farmacia y botiquines dependientes de las mismas o, conforme a lo previsto en la legislación vigente, en otros establecimientos sanitarios, unidades asistenciales o servicios farmacéuticos de estructuras de atención primaria, debidamente autorizados para la dispensación de medicamentos”. La receta médica es de obligada entrega al paciente (artículos 3.1 y 8.6 del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre).

En el supuesto de que el administrado del medicamento sea una persona que esté en el hospital por haber acudido a urgencias o a consultas externas en un centro sanitario, el mecanismo de prescripción médica será la dispensación hospitalaria según se encuentra definida en el artículo 1.b) del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre: “la orden de dispensación hospitalaria para pacientes no ingresados es el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio para la prescripción por los médicos, odontólogos y podólogos de los servicios hospitalarios, de los medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia hospitalaria a dichos pacientes.”. Ello ocurrirá en los Centros de Salud atención primaria y en los Centros Hospitalarios.

En definitiva, se están incumpliendo multitud de normas con trascendencia en la salud de las personas y que pueden ser objeto de responsabilidades graves en el ejercicio de las funciones de los profesionales sanitarios. Los facultativos médicos, farmacéuticos y enfermeros están sometidos a responsabilidad civil y penal en el ejercicio de sus funciones, por lo que no dispensar la debida prescripción médica y el consentimiento informado previo puede ser suficiente como para obtener la indemnización de daños y perjuicios causados por la administración de las denominadas erróneamente “vacunas”.

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